Presupuesto del Poder Judicial y Presupuesto del Consejo de la Judicatura

En el Poder Judicial de la Federación, la Institución con menos transparencia en el ejercicio presupuestal ha ofertado al próximo gobierno la reducción de tan solo 5,000 millones de pesos a su gasto público para el ejercicio 2019, sin compromiso alguno para reducir los sueldos y prestaciones sobredimensionadas de los Ministros.

El presupuesto público requiere un diseccionamiento si bien más allá de los sueldos una verdadera reingeniería y asignación de responsabilidades para permitir ahorros mayores y adecuados.

Actualmente el presupuesto público del Poder Judicial representa para el presente año 71 mil, 366.4 pesos, que en términos del Producto Interno Bruto significa el 0.3%.

El presupuesto en 1980 en términos per cápita prácticamente era casi inexistente, producto de la capacidad de control y resolución del aparato público gubernamental.

La evolución del gasto público del Poder Judicial en este siglo se ha incrementado en términos per cápita por cada mexicano en 507%; si consideramos el presupuesto del año 2000 éste representó 94.11 pesos, comparado contra el presupuesto 2018, que representa $572.13 pesos.

Un incremento sustancial del presupuesto se reflejó en el año 2000 en el cual representó el 0.14% del PIB y a partir del año 2009 representó el 0.3% del PIB, porcentaje que hasta el año 2018 se ha mantenido indexado a éste indicador.

Durante este sexenio el gasto programable del Poder Judicial se incrementó en 22.1% en términos reales. Entre el año 2015 y 2016 pasó de 49 mil 391 millones a 57 mil 982 millones en el año 2016.

Actualmente, el 5.5% se orienta a resolver impugnaciones en procesos electorales y el 94.5% a impartir justicia en el ámbito de su competencia.

Las variables exógenas que fundamentalmente han incidido en su incremento han sido:
· El cambio de paradigma de un Estado Omnipresente a un Estado más Liberal, lo que en consecuencia derivó en mayores asuntos que atender por la democratización del país, la competencia económica y la liberación de mercados.
· Las deficiencias de Gobernación en algunos sectores donde el Estado ha perdido su capacidad de control por la vía de seguridad pública y la prevención de justicia.
· El inicio de la transición a un nuevo paradigma; del derecho romano enraizado en nuestra vida latina, hacia un derecho anglosajón, que requiere nuevas enseñanzas, medios, leyes y de manera importante infraestructura para los juicios orales.

Las variables endógenas han sido relevantes para observar la eficacia, eficiencia y efectividad del gasto público en el Poder Judicial:
· La Judicatura muestra el 85.3% del ejercicio del gasto, sin embargo, se observan una estructura obesa y sobredimensionada en términos de su administración y por ende, la administración de todo el sistema, lo que requiere una reingeniería para consolidar estructuras y funciones onerosas.
· Entre el año 2012 y 2018 la estructura por clasificación económica del gasto cambió; el gasto en servicios personales cambió de 85.6% a 81.4%; el gasto operativo cambió de 10.0% a 12.1% y el gasto de inversión cambió de 3.6% a 3.9%.
· Se aprecian diferencias sustanciales en el gasto público ejercido en servicios personales entre el año 2012 y 2017.

En términos de eficacia, la impartición de justicia para los políticos oscila como máximo en 81 días y para el ciudadano común, los asuntos en tribunales y juzgados llegan a representar hasta 397 días en causas penales.

En términos de eficiencia cada uno de los 11 Ministros cuenta con 314 plazas que los auxilien en comparación con 1,251 magistrados, jueces y consejeros que cuentan con 33 plazas cada uno.

En comparación con el resto del mundo, en México existen 3.9 magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes frente a 16 en promedio en los demás países.

La tasa de resolución de la carga de trabajo (casos) del Consejo de la Judicatura Federal del circuito judicial, se aprecia el decrecimiento de tasas menores a 75.8%.

Comparación entre asuntos contra presupuesto.
La efectividad no se refleja en indicadores nacionales que inciden en factores que inhiben un buen entorno de negocios, donde la corrupción representa un 18.6% y en términos de percepción sobre la corrupción de autoridades los jueces tienen un indicador del 67.6%; asimismo, el grado de impunidad a nivel estatal en promedio es del 69.8%.

Se requiere una correspondencia entre las políticas públicas, los presupuestos de dependencias gubernamentales y el presupuesto del Poder Judicial, dada la situación crítica que refleja una realidad en donde el 10% de los delitos se denuncia y el 2% de los imputados reciben una condena sancionatoria.

Lo anterior representa una presión latente para el Poder Judicial, por lo que la correspondencia con los presupuestos de seguridad y procuraduría, así como de seguridad nacional deben de estar correlacionados.

RECOMENDACIONES
El presupuesto del Poder Judicial requiere una reingeniería y una estabilidad lo que implicaría en principio:
· Redimensionar el presupuesto en sus estructuras orgánicas.
· Revisar los criterios de autoridad sin afectar la neutralidad de la impartición de justicia.
· Separar el presupuesto de inversión del presupuesto de gasto corriente, para garantizar la infraestructura de transición en el nuevo paradigma de impartición de justicia (juicios orales).
· Analizar un nuevo esquema de regionalización.
· Modernidad tecnológica para incrementar la eficiencia.
· Sistema de Evaluación del Desempeño apropiado al Poder Judicial.

 

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