El funcionamiento del Estado reposa su eficacia en estructuras imprescindibles, como la división de poderes y la realización (no violación y desarrollo) de los derechos humanos.

Esta es la teoría básica del Estado, desde Montesquieu, el Bill of Rights inglés, la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos. Sin embargo, cada pueblo ha tenido sus rasgos definitorios al respecto. La civilizaciones latinas, por ejemplo, han tropicalizado esos principios y se han desenvuelto en torno a la personalidad del poder. Lo mismo en casa, el trabajo o el Estado; y por ello a bote pronto evaluamos la situación nacional alrededor del actuar del presidente de la República, el gobernador o el alcalde.

A la par de ello, las democracias han sofisticado sus respuestas a los huecos que la función estatal deja por aquí o por allá, en el municipio, el estado, la federación o las relaciones internacionales. Nuevos órganos se especializaron y echaron a andar dinámicas a partir de necesidades públicas y con una estructura autónoma del mandato presidencial, como los órganos electorales, de derechos humanos, competencia o acceso a la información. Los órganos autónomos y la división de poderes son igual de importantes y necesarios que el propio ejercicio presidencial; quizá por eso irritan al presidente y a menudo los tunde con alguna de sus declaraciones mañaneras.

Pues bien, la semana pasada hubo dos sucesos que resaltan la importancia de la separación de poderes, la necesidad de los órganos autónomos y el imperio de los derechos fundamentales. Ambas cuestiones están relacionadas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabeza de uno de los poderes del Estado y par del Ejecutivo.

En uno de los temas, la Corte decidió un asunto clave en defensa de los derechos humanos, la transparencia en tanto medio de control ciudadano al gobierno, la publicidad como pieza clave del cuidado público y la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia; en segundo lugar, se anunció una iniciativa para reformar la estructura orgánica de la propia Corte y crear una Sala Anticorrupción, aumentando el número de ministros de 11 a 16.

Lo primero es para celebrar y difundir. Lo segundo obliga a la reflexión y análisis mesurado.

Con la resolución de unos amparos, la SCJN estableció que el INAI tiene facultades para determinar que ciertos hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos y ordenar el acceso a la información pública, sin estar condicionado a la calificación que haga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la obligatoriedad de la Fiscalía General de la República de no reservar la información atinente; lo que confirma la operatividad del principio de máxima publicidad y fortalece el mandato constitucional de que las resoluciones del INAI son inatacables, definitivas y vinculatorias (a pesar de los ataques del propio Presidente de la República).

El segundo tema puede tener muchas aristas. En el plano político ha despertado reacciones de la oposición por la simple aritmética en la composición orgánica de la Corte, que se integra por 11 ministros electos por el Senado de la República de la terna respectiva que envíe el presidente de la República.

Las ministras y ministros suelen tener alguna identidad ideológica o afinidad pública con el presidente que los postula y la composición del Senado que los designa, lo que es natural y se equilibra con la integración escalonada; de tal suerte que un presidente propone a dos, tres o cuatro ministros durante su mandato y quien lo sucede vuelve a tener esa facultad según la finalización del mandato del ministro que culmine. Pues bien, el presidente López Obrador ya propuso a dos integrantes del Pleno, vendrá otro cuando acabe su periodo el ministro Franco, con lo que habría propuesto a tres de once. No quiero decir bajo ningún motivo que los ministros responden a tal o cual presidente como tanto se acusa; pero sí me sumo a la suspicacia de ampliar el número de integrantes y nombrar a otros cinco ministros de un tirón.

La iniciativa señala que es para hacer una sala anticorrupción, lo que tampoco tiene mucho sentido si se observa que la Corte es un órgano terminal, de última revisión constitucional, y la lucha contra la corrupción comienza en las primeras instancias y ya hay todo un sistema diseñado en los estados y la federación que no acaba de arrancar; mientras escuchamos múltiples declaraciones del propio López Obrador en las que decidió no actuar contras actos de corrupción del pasado.

Fuente: El universal